Por: Daniel Peñaranda, Martín Jaramillo

El Gobierno colombiano, a través del Documento CONPES 4067, reconoce los esquemas Pago por Resultados (PpR) como una apuesta neurálgica para consolidar el proceso de desarrollo del país. Este es un paso fundamental que le permite a las instituciones del Estado identificar las ventajas y retos de los esquemas PpR y encaminar esfuerzos para su consolidación como mecanismo de financiación recurrente para la consecución de resultados sociales. Este documento de política declaró la importancia estratégica de los esquemas de PpR y aseguró la disponibilidad de recursos para implementar proyectos de empleo en esta modalidad para población pobre y migrante.

Beneficios de los esquemas de pago por resultados

En primera instancia, el CONPES resalta el PpR como una herramienta de innovación pública, pues ofrece alinear los incentivos de inversionistas sociales y operadores con las necesidades de los beneficiarios, garantizando así resultados tangibles a las intervenciones. Esto constituye una innovación social ya que los esquemas de PpR exigen que los actores involucrados hagan un riguroso seguimiento de las métricas de resultados, lo cual también contribuye a ampliar la producción académica en temas de superación de la pobreza y desarrollo económico. Entre las ventajas que ofrecen los esquemas PpR, el CONPES resalta las siguientes:

• Reconocimiento de la coyuntura: El CONPES resalta la viabilidad de los esquemas de PpR para programas de empleo con base en las experiencias de los primeros dos Bonos de Impacto Social (BIS) en Colombia: Empleando Futuro y Cali Progresa con Empleo. En consecuencia, estos modelos se ajustan a una de las problemáticas coyunturales que actualmente enfrenta el país con la migración súbita de población venezolana y su especial vulnerabilidad (25,1% se encuentra desocupada).

• Ofrecer flexibilidad presupuestaria y contractual a implementadores: “Los implementadores son libres de invertir en gastos de funcionamiento, de monitorear y adaptar sus programas frente a condiciones cambiantes sin tener que pasar por procesos burocráticos largos y dispendiosos” (CONPES, 2021).

• Reconocer a los implementadores más efectivos: “Dado que el PpR requiere que los implementadores estén dispuestos a recibir pagos por sus resultados, solo los implementadores de alto rendimiento tienden a participar en este tipo de programas, lo que les proporciona mayor confianza a los financiadores” (CONPES, 2021).

• Atraer a inversionistas más adversos al riesgo: La metodología de PpR reduce el riesgo de la inversión, sobre todo cuando los proyectos tienen características que requieren innovación. Esto se debe a que los financiadores solo pagan la totalidad del contrato una vez se obtienen los resultados pactados.

Beneficios de los esquemas de pago por resultados

En primera instancia, el CONPES resalta el PpR como una herramienta de innovación pública, pues ofrece alinear los incentivos de inversionistas sociales y operadores con las necesidades de los beneficiarios, garantizando así resultados tangibles a las intervenciones. Esto constituye una innovación social ya que los esquemas de PpR exigen que los actores involucrados hagan un riguroso seguimiento de las métricas de resultados, lo cual también contribuye a ampliar la producción académica en temas de superación de la pobreza y desarrollo económico. Entre las ventajas que ofrecen los esquemas PpR, el CONPES resalta las siguientes:

• Reconocimiento de la coyuntura: El CONPES resalta la viabilidad de los esquemas de PpR para programas de empleo con base en las experiencias de los primeros dos Bonos de Impacto Social (BIS) en Colombia: Empleando Futuro y Cali Progresa con Empleo. En consecuencia, estos modelos se ajustan a una de las problemáticas coyunturales que actualmente enfrenta el país con la migración súbita de población venezolana y su especial vulnerabilidad (25,1% se encuentra desocupada)

• Ofrecer flexibilidad presupuestaria y contractual a implementadores: “Los implementadores son libres de invertir en gastos de funcionamiento, de monitorear y adaptar sus programas frente a condiciones cambiantes sin tener que pasar por procesos burocráticos largos y dispendiosos” (CONPES, 2021).

• Reconocer a los implementadores más efectivos: “Dado que el PpR requiere que los implementadores estén dispuestos a recibir pagos por sus resultados, solo los implementadores de alto rendimiento tienden a participar en este tipo de programas, lo que les proporciona mayor confianza a los financiadores” (CONPES, 2021).

• Atraer a inversionistas más adversos al riesgo: La metodología de PpR reduce el riesgo de la inversión, sobre todo cuando los proyectos tienen características que requieren innovación. Esto se debe a que los financiadores solo pagan la totalidad del contrato una vez se obtienen los resultados pactados.

Retos de los esquemas de Pago por Resultados en Colombia

El CONPES identifica significativas barreras normativas, presupuestarias y contractuales que desincentiva la implementación de esquemas de PpR. Las barreras identificadas no son nuevas, ni exclusivas para Colombia, pues uno de los grandes retos que reportan los grupos de promoción de estrategias PpR a la hora de garantizar su adopción por parte de los gobiernos es precisamente su inclusión explícita en los planes nacionales (BID, 2021). Si bien países como Colombia y Chile han logrado impulsar los BIS a través de órganos de nivel ministerial, la discusión de los esquemas PpR al interior del CONPES garantiza una mayor escalabilidad y coherencia administrativa en su implementación:

• Ausencia de un marco legal que regule los esquemas de contratación de PpR: Actualmente estos tipos de contratos están sujetos al régimen de contratación pública (Ley 30 de 1993). Debido a la ausencia de precedentes jurídicos, las entidades públicas carecen de incentivos para innovar en las formas de contratación. La ausencia de un marco normativo también repercute en la capacidad de atraer inversionistas debido a la falta de conocimiento técnico que les permita participar activamente en los procesos de formulación de los contratos.

• Barreras presupuestarias de la contratación pública: La contratación pública depende de horizontes de ejecución inflexibles dado que debe regirse por el principio de anualidad fiscal o, en su defecto, comprometer vigencias futuras para garantizar la sostenibilidad del contrato en el tiempo. Autorizar vigencias futuras suele ser una gestión engorrosa, sobre todo para los entes territoriales con menor capacidad administrativa, mientras que el principio de anualidad fiscal desincentiva la adopción de esquemas de PpR ante el riesgo de no ejecución y, por tanto, de reducciones presupuestales para futuras vigencias.